La Inspección General de Justicia (IGJ) evalúa abrir un sumario a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades vinculadas a la falta de explicación de gastos y demoras en la presentación de documentación contable. Así lo confirmó el titular del organismo nacional, Daniel Roque Vítolo, quien cuestionó el intento de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia de cambiar de jurisdicción para evitar controles.
En diálogo con Cadena 3, Vítolo sostuvo que, al asumir en su cargo hace dos años, el organismo detectó que la AFA acumulaba siete pedidos de aclaración sobre sus estados contables correspondientes a los períodos 2017 a 2023. “Nunca contestó las vistas, nunca dio las aclaraciones”, afirmó, y señaló que las rendiciones presentaban “cifras globales no desagregadas” bajo rubros como “varios” u “otros gastos”.
El funcionario aclaró que la IGJ no imputó falsedad o delito sobre los balances: “Nadie está diciendo que hayan sido incorrectos ni los está impugnando. Lo único que se pide es que expliquen las cifras, cómo están compuestas”.
Según sus estimaciones, los gastos no aclarados ascenderían a unos 111 millones de dólares en ocho años, tomando como referencia los montos en pesos convertidos a moneda estadounidense.
Vítolo ejemplificó la situación: “Si usted pone ‘selecciones nacionales’ por 40 millones de dólares, perfecto. Pero necesitamos que nos diga en qué se gastó: vuelos, hoteles, honorarios. Nadie duda que es costoso mover el fútbol. Lo que se pide es una explicación en grandes rubros”. Sin embargo, aseguró que la AFA “no ha contestado ninguna vista desde 2017″.
El funcionario también cuestionó la decisión de la AFA de avanzar en un cambio de jurisdicción legal hacia la provincia de Buenos Aires. Según explicó, el traslado impediría la revisión de ejercicios anteriores. “Al cambiarse de jurisdicción es como si empezaran una vida nueva. La jurisdicción nueva no revisa lo anterior porque no es competente. Entonces estas explicaciones de ocho años no se dan”.
En ese sentido, advirtió que cualquier migración requiere previamente resolver los pendientes. “Tienen que terminar todos los trámites. No se pueden ir dejando atrás irregularidades o sospechas”. Además, recordó que la IGJ tiene la facultad de revisar balances, pedir aclaraciones, aprobarlos o rechazarlos, e incluso imponer multas. Actualmente, afirmó, la AFA “no tiene los estados contables aprobados desde el año 2017”.
Vítolo descartó que exista una presunción penal sobre este tema. “Nadie ha hablado de delito. Hay una denuncia por lavado vinculada a una financiera, pero es otro asunto, no tiene que ver con la inspección de justicia”, puntualizó.
Frente a la falta de respuesta y el intento de cambio de jurisdicción, el director del organismo confirmó que se evalúa intervenir. “Ante la renuencia a explicar, podríamos tomar medidas para colocar una veeduría o iniciar una investigación”.