El gobierno de Santa Fe avanzará con acciones legales para exigir el resarcimiento económico a quienes resulten responsables de amenazas en establecimientos educativos. Así lo confirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien detalló que cada intervención policial tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
El funcionario explicó que, ante cada hecho con apariencia delictiva, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación, realizando allanamientos, secuestro de dispositivos y detenciones cuando corresponde. También señaló que muchos de estos casos no se difunden por tratarse, en su mayoría, de menores de edad, lo que exige un resguardo especial en el marco del proceso penal juvenil.
Cococcioni fue enfático al advertir que este tipo de situaciones no son “bromas” sino delitos, y que pueden dejar consecuencias a largo plazo. “Una causa penal juvenil deja huellas que no siempre son agradables en la posteridad”, sostuvo, al tiempo que mencionó posibles dificultades futuras como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o viajar al exterior.
En ese sentido, indicó que por instrucción del gobernador se avanzará con reclamos económicos incluso cuando los involucrados sean menores o no punibles. Las acciones serán impulsadas a través del área legal del Ministerio en coordinación con la Fiscalía de Estado, apuntando a recuperar los costos que generan los operativos de seguridad desplegados ante cada amenaza.
Finalmente, el ministro remarcó el impacto económico de estas intervenciones: “Un operativo básico puede costar entre 5 y 6 millones de pesos”, precisó. La medida busca no solo recuperar recursos públicos, sino también generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de hechos y sus consecuencias.