La Justicia Federal ha procesado al director de una clínica de fecundación en Córdoba, así como a un abogado y a una empleada administrativa, en una causa que investiga la presunta trata de personas relacionada con la subrogación de vientre.
Los procesados son José Pérez Alzaa, director de la Clínica Fecundart; la administrativa Paula Liendo; y el abogado Nicolás Gigena. En un extenso escrito que supera las 200 páginas, se menciona: “Si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante.”
La investigación se centra en supuestas maniobras vinculadas con la gestación por sustitución, también conocida como maternidad subrogada.
El juez federal 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, subrayó que “la instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre”.
Según se ha publicado, Alzaa habría captado a mujeres en situaciones vulnerables, como aquellas desocupadas o con hijos a cargo, utilizando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica. Además, se le imputa haber realizado transferencias embrionarias sin la autorización judicial correspondiente, lo que se interpreta como un intento de eludir los controles sobre el consentimiento.
El fiscal federal Carlos Gonela afirmó a Cadena 3 que este fenómeno representa “una de las nuevas modalidades de trata de personas”. Explica que la intervención judicial cristaliza la investigación, donde las mujeres fueron sometidas a explotación debido a su vulnerabilidad, siendo vistas como “mercancía” en un proceso que involucra una serie de intermediarios.
Gonela aclaró que la subrogación no es ilegal, pero el problema radica en la falta de decisiones libres en el contexto de mujeres que enfrentan situaciones críticas. “El problema está en los intermediarios que cobran por unir las dos partes”, indicó.
La investigación comenzó tras una denuncia que alertó sobre la captación de mujeres en condiciones vulnerables. “Una vez que se identificaron, se las escuchó y se abordó la situación socioeconómica y familiar”, detalló Gonela.
Además, el fiscal mencionó que la ausencia de una regulación formal en el Código Civil favorece este tipo de abusos. “El proyecto del Código Civil que se sancionó en 2014 establecía un modelo de regulación que no fue aprobado”, resaltó.
El juez calificó este caso como trata de personas, con la explotación de mujeres vulnerables como agravante. La resolución judicial pone de manifiesto la necesidad de un marco normativo apropiado para proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
La causa se inició meses atrás tras una denuncia anónima a la Línea 145, lo que permitió avanzar en la investigación, obteniendo declaraciones clave.
En Argentina, la maternidad subrogada aún no cuenta con una regulación específica a nivel nacional, lo que genera un marco legal ambiguo. Aunque es legal, requiere una autorización judicial previa. Además, está prohibida la subrogación onerosa, es decir, el pago por el alquiler de vientre; la gestante debe actuar por motivos de solidaridad y, en algunos casos, se exige un vínculo afectivo o familiar.
Entrevista de Radioinforme 3