
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país centroamericano, al decir este domingo que “no volverán a haber elecciones”. El presidente nicaragüense se dirigió a su pueblo en un acto en Managua en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista y con su frase hizo referencia a la oposición que quiere “atrapar el poder”. “Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales (ganar dinero) con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo el presidente.
Ortega, quien gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida desde 2007 en medio de reiteradas denuncias internacionales por fraude electoral y la proscripción de la competencia política, apuntó con dureza contra los dirigentes opositores exiliados. Tras acusarlos de estar “agazapados” con el único fin de enriquecerse, el ex guerrillero anunció que impulsará reformas legales con la Asamblea Nacional para bloquear definitivamente el camino institucional a sus detractores. “Vamos a trabajar las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán”, enfatizó Ortega.
La consolidación del poder total de Ortega viene acompañada por la figura de su esposa, Rosario Murillo, quien se desempeñaba como vicepresidenta desde 2017 y fue formalmente designada como “copresidenta” a comienzos de 2025. Aquella profunda reforma constitucional eliminó de raíz el balance de poderes clásicos del Estado, transformándolos en “órganos” coordinados directamente por el Poder Ejecutivo, y legalizó la apatridia para los opositores desterrados, una ingeniería jurídica que cosechó duras condenas de la ONU, la OEA, la Unión Europea y los Estados Unidos.
El entramado constitucional modificado también alteró el calendario electoral. Originalmente, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de este año, pero la enmienda aprobada amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, postergando teóricamente los comicios presidenciales para noviembre de 2027.
La reacción de la diplomacia norteamericana no tardó en hacerse sentir tras la ratificación del rumbo sandinista. El Departamento de Estado de los Estados Unidos apuntó directamente contra los manejos de la cúpula de Managua y acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin pasar por las urnas, sin mandato y sin legitimidad “porque sabe que no puede ganar” en una contienda transparente. Desde Washington concluyeron que la pareja gobernante “cobardemente ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar”, advirtiendo de manera tajante que el poder basado en la represión y la manipulación de las leyes no representa bajo ningún punto de vista la voluntad real de la población.