El abogado y especialista en derecho informático, Matías Altamira, analizó la denuncia de Estudiantes de La Plata, que sostiene que el protocolo que obliga a los equipos a realizar el “pasillo” a los campeones fue modificado digitalmente por la AFA luego del partido frente a Rosario Central.
El “Pincha” afirma que el documento difundido por la entidad fue redactado el lunes, un día después del encuentro, y no en febrero, como sostiene la organización.
Altamira aclaró que el caso, tal como se plantea, no encuadra como un ciberdelito. “No hubo una intrusión externa para adulterar un documento. Lo que habría es una modificación hecha desde la propia organización”, explicó en diálogo con Cadena 3.
Según dijo, en ese escenario no se trata de un ataque informático, sino de un eventual “abuso de autoridad” o de incumplimiento de normas internas por parte de quienes elaboraron o alteraron la resolución.
El abogado remarcó que, si la AFA utilizara una versión modificada del documento para sancionar a Estudiantes, los involucrados podrían enfrentar responsabilidades penales y funcionales. “Si se quiere sancionar con una norma que no existía, es gravísimo”, advirtió. Añadió que, en cualquier institución, las resoluciones quedan registradas en protocolos que no pueden alterarse, igual que una ley, un decreto o una sentencia judicial.
Altamira sostuvo que la evidencia técnica será central para determinar la secuencia real de los hechos. “Toda la información que se genera en un documento queda registrada en los metadatos: quién lo creó, quién lo modificó, cuándo se hizo cada cambio y cuál era el texto original”, señaló. Según explicó, esa huella digital permitió a Estudiantes detectar que la versión presentada por AFA habría sido editada.
Pero advirtió que la clave no es sólo el análisis técnico, sino también la gestión adecuada de la prueba digital. “Es la parte más débil de los procesos cuando interviene la informática. Debe preservarse correctamente para que tenga validez judicial”, puntualizó.
Consultado sobre las consecuencias que tendría la fecha real del documento, Altamira fue claro. Si el protocolo fue efectivamente redactado en febrero, la AFA estaría en condiciones de sancionar al club por no cumplirlo. Pero si se prueba que fue modificado el 23 de noviembre —como sostiene Estudiantes— entonces la entidad habría manipulado una norma inexistente al momento del partido. “En ese caso, la defensa de Estudiantes es válida: no se puede castigar a nadie por algo que no estaba previsto”, afirmó.
El abogado recordó que, además del análisis digital, será clave la firma de los dirigentes que integran los órganos resolutivos. “Quien firmó una resolución en febrero puede acreditar si ese texto original incluía o no la obligación específica del pasillo”, indicó.
Altamira concluyó que, si se confirma la manipulación, habrá consecuencias institucionales y posiblemente penales para quienes hayan intervenido en la modificación. “Se trata de resoluciones que impactan en terceros, y usarlas para sancionar a alguien es muy grave”, señaló.
Entrevista de Miguel Clariá y Gustavo Gutiérrez.