En un nuevo capítulo del turbulento panorama de corrupción que sacude al Gobierno de Javier Milei, la figura de Ornella Calvete emerge como epicentro de una investigación judicial que expone presuntos lazos familiares en el corazón de la administración pública.
Como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía y representante del Ejecutivo en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), Calvete presentó su renuncia indeclinable este martes, apenas horas después de que trascendiera el hallazgo de 700.000 dólares en efectivo durante un allanamiento en su domicilio de Buenos Aires.
Este caso, enmarcado en la causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), no solo cuestiona la integridad de altos funcionarios, sino que también reaviva el debate sobre el enriquecimiento ilícito y el cohecho en el sector público argentino.
Perfil
Tiene 35 años y es una profesional con trayectoria en el ámbito de la gestión pública y el desarrollo sectorial, pero su ascenso en el Gobierno libertario ha estado marcado por conexiones familiares que ahora la colocan bajo la lupa judicial.
Hija de Miguel Ángel Calvete, un influyente empresario del sector supermercadista y dirigente de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propietarios Chinos, Ornella ha navegado entre el mundo privado y el estatal con un perfil discreto hasta este escándalo.
Su padre, Miguel Ángel, no es un nombre ajeno a las esferas de poder: conocido por sus vínculos con instituciones del comercio minorista y la industria alimenticia, ha sido señalado por la fiscalía como el “nexo clave” en un presunto entramado de corrupción dentro de la ANDIS. Ornella, por su parte, se incorporó al Ministerio de Economía bajo la gestión de Luis Caputo, asumiendo roles que la posicionaron en la toma de decisiones sobre políticas industriales y aduaneras, particularmente en Tierra del Fuego a través de la CAAE. Su patrimonio declarado en julio de 2025 ante la Oficina Anticorrupción ascendía a unos 46 millones de pesos argentinos y 45.000 dólares, una cifra que choca frontalmente con el monto incautado.
700.000 dólares
El detonante del caso ocurrió el 9 de octubre de 2025, cuando efectivos judiciales irrumpieron en el departamento de Calvete en el barrio de Palermo, Buenos Aires, como parte de una orden del fiscal Franco Picardi.
El operativo, enmarcado en la investigación por presuntos sobornos, sobreprecios en contratos y lavado de dinero en la ANDIS, reveló una caja de seguridad con 700.000 dólares en efectivo, junto con billetes en otras divisas, documentos sensibles y dispositivos electrónicos.
Tres días antes, el 12 de septiembre de 2025, Ornella había enviado un mensaje a su padre: “Por si entran acá y me ven con la mosca… Digo que me la prestó alguien, olvidate”, en referencia a la presencia de al menos 15 policías en la planta baja de su edificio.
Este intercambio, secuestrado por la Justicia, no solo evidencia un intento de encubrimiento, sino que profundiza las sospechas sobre el origen de los fondos. La fiscalía indaga si estos dólares provienen de retornos ilícitos en licitaciones de la ANDIS, particularmente en contratos con proveedores farmacéuticos y de prótesis, donde se denuncian sobreprecios del 300%.
Vínculos familiares y políticos: el fantasma de la ANDIS
La conexión con su padre, Miguel Ángel Calvete, es el hilo conductor del caso. Este último, descrito como “mano derecha” del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo –un amigo cercano del presidente Milei–, ha sido imputado por su rol en la organización de comisiones irregulares.
La ANDIS, agencia clave para la distribución de fondos a personas con discapacidad, se ha convertido en el epicentro de un esquema de defraudación que involucra a empresarios y funcionarios. Entre las pruebas, chats que mencionan un “3% a KM” –interpretado como una referencia a Karina Milei, hermana del presidente– y reuniones con proveedores como Ortopedia Alemana.
Ornella, aunque no imputada formalmente aún, no opera en aislamiento: su pareja, Javier Cardini, ocupa el cargo de subsecretario de Gestión Productiva en el mismo ministerio y mantiene lazos con Santiago Caputo, asesor presidencial.
Estos nexos políticos, tejidos en el núcleo del “poder libertario”, amplifican el impacto del escándalo, que ya ha llevado a la renuncia de Spagnuolo en agosto de 2025 tras la filtración de audios comprometedores.