Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces de la Corte Suprema de Brasil, aseguró este jueves que hubo un plan para ahorcarlo en una plaza pública durante la asonada golpista que protagonizaron seguidores del expresidente Jair Bolsonaro el 8 de enero de 2023. En una entrevista brindada al diario O Globo, el magistrado a cargo de las investigaciones que tramitan en el alto tribunal sobre la tentativa de golpe, reveló que durante las indagaciones las autoridades destaparon tres planes para detenerlo y ejecutarlo.
Los planes de los “golpistas criminales”
“El primer plan preveía que las Fuerzas Especiales del Ejército me detendrían el domingo y me llevarían al cuartel de Goiania (ciudad situada a unos 200 kilómetros de la capital brasileña). En el segundo ellos pensaban matarme en el camino y abandonar el cuerpo”, narró de Moraes. El tercer plan, continuó el juez, indicaba que después de concretado el golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “yo debería ser detenido y ahorcado en la Plaza de los Tres Poderes”.
De Moraes, objeto de graves ataques por parte del propio Bolsonaro mientras estuvo en el poder entre 2019 y 2022, año en el que perdió las elecciones frente a Lula, cuya victoria nunca reconoció, insistió en que hubo una “tentativa de planificar” su arresto y posible ejecución. “Hay una causa preliminar que investiga también la participación de la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) para que siguiera mis pasos. Era algo que ya esperaba de golpistas criminales, me mantuve tranquilo, nada de eso ocurrió, estoy bien”, aseguró el magistrado, quien fue ministro de Justicia del gobierno de Michel Temer (2016-2018).
Esta es la primera vez que se conocen estos supuestos planes para capturar y asesinar a De Moraes, que en ningún momento salieron a la luz ni en los juicios celebrados hasta la fecha sobre el asalto de Brasilia, ni en la comisión parlamentaria que investigó el caso, ni tampoco en la prensa. El magistrado lleva adelante una causa contra las fake news en las redes sociales y otras tres en las cuales Bolsonaro está siendo investigado.
Por el momento el Tribunal Supremo de Brasil condenó a una treintena de las cerca de dos mil personas imputadas por la asonada golpista, de las que 66 siguen en la cárcel, entre sentenciadas y aquellas con prisión preventiva, mientras que el resto responde al proceso en libertad. Bolsonaro consta apenas como investigado por incitar los ataques.
Seguridad reforzada en Brasilia
Lula convocó a todos los poderes de la nación para conmemorar el próximo lunes, cuando se cumple un año del episodio, la tentativa de golpe que en su opinión dejó “cicatrices profundas”, “dividió el país” y “puso en riesgo la democracia”. El presidente encabezará un acto de repudio al golpismo, informaron este jueves fuentes oficiales. El viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli, confirmó que ese día se reforzará la seguridad sin precisar detalles, durante un acto realizado en la sede del gobierno regional de Brasilia.
Cappelli explicó que, en el marco del acto de “reafirmación democrática” que encabezará Lula el próximo lunes con autoridades del Parlamento, la Corte Suprema y otras instituciones nacionales, “todas las fuerzas de seguridad estarán movilizadas”, aunque descartó la posibilidad de incidentes. “No hay ninguna hipótesis de que se repita este 8 de enero lo que ocurrió en 2023”, que fue un “inaceptable ataque a la democracia”, declaró Cappelli.
El viceministro reiteró que las autoridades vigilan la actividad de grupos de ultraderecha en las redes sociales y que detectaron alguna convocatoria para actos el próximo 8 de enero, pero aclaró que hasta ahora no existen “amenazas serias”. Cappelli aseguró que las “manifestaciones democráticas” serán permitidas, pero no aquellas que puedan atentar contra el Estado de Derecho.
“Brasil es un país libre y democrático”, pero “no se confunde una manifestación democrática con intentos de golpe o con ataques a los poderes”, afirmó el funcionario, quien agregó que “este 8 de enero será un día para celebrar una democracia robustecida”. En esa fecha de 2023, ocho días después de la investidura de Lula, miles de activistas de la ultraderecha liderada por el expresidente Bolsonaro asaltaron las sedes de la Presidencia, del Parlamento y la Corte Suprema con el objetivo de forzar una intervención militar.
La seguridad de esa céntrica zona era responsabilidad de las autoridades policiales de Brasilia, cuya actuación aún se investiga, ya que se sospecha que facilitaron la acción golpista. Cappelli subrayó en ese sentido que “una de las diferencias de este próximo 8 de enero es que Brasilia tiene ahora autoridades policiales honradas y comprometidas con la democracia”.