La Comuna de Diego de Alvear limitó la pesca deportiva a los fines de semana y afectará al turismo y a los pescadores de San Gregorio.
Una fuerte polémica generó este lunes la instrumentación de una ordenanza que regula la pesca deportiva del pejerrey en la laguna La Picasa, que afecta intereses, y pone casi en pie de guerra a dos poblaciones del departamento General López.
La normativa sancionada por la Comuna de Diego de Alvear limita la actividad, que estaba permitida todos los días, únicamente a los fines de semana y feriados. Una medida que, si bien se funda en la defensa del recurso ictícola y la fuente de trabajo de unos 300 pescadores dieguenses, provocó malestar y alarma en la vecina población de San Gregorio, distante a sólo ocho kilómetros. Esta comunidad vive un notable repunte en su economía y ahora teme un parate que ponga en riesgo el crecimiento y el movimiento que visibilizan desde hace un tiempo los sectores comercial y de servicios, además de generar trabajo para decenas de familias que se dedican a la limpieza y fileteado del pescado. Aunque la norma fue dictada por otro distrito impacta directamente en San Gregorio, ya que los dos embarcaderos de propietarios locales están situados en jurisdicción de Diego de Alvear. Lo resuelto no sólo transformó en desolación la dinámica que esos muelles mostraron hasta este domingo ante el aluvión de visitantes de distintos puntos del país que hicieron base en San Gregorio para ir a pescar a la laguna, que involucra a cuatro comunidades santafesinas. Además de Diego de Alvear y San Gregorio, Aarón Castellanos y Chistophersen, que son las localidades establecidas a la vera de La Picasa, que en sus inicios tenía una pequeña dimensión en relación a su actual extensión.
El periodista local Pedro Cocco consideró que la ordenanza aprobada”es perjudicial para San Gregorio, pero a la vez abre el debate para avanzar en una regulación de la actividad pesquera y evitar una depredación del recurso de la fauna ictícola de la laguna desde una mirada equilibrada que desaliente enfrentamientos entre pueblos hermanos y vele por el interés común”.
Este concepto es compartido por todas las partes consultadas por La Capital. Cocco además señaló que “la pesca del pejerrey mueve en San Gregorio unos 25 millones de pesos mensuales, lo que equivale al monto de la suma de lospresupuesto de la Comuna y la Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos. Sobre el tema, el jefe comunal de Diego Alvear, Daniel Sagardia, explicó a este diario que “la medida adoptada se toma porque hay más de 350 vecinos que viven de lo que produce la laguna. Y al ritmo que vamos, donde los pescadores de caña en abril se llevaron 70 mil kilos de pejerreyes, nos van a dejar sin nada en seis meses a un año y se termina una importe fuente de trabajo para muchas familias”. Y agregó: “Esa es la única finalidad que persigue esta ordenanza, que va a favor de los intereses de mi pueblo, que la laguna pertenece al distrito de Diego de Alvear. No tenemos animosidad contra nadie, pero es lógico que velemos por la defensa de nuestra gente. No estamos -añadió- en contra de los pescadores deportivos, simplemente esta medida comunal apunta a preservar la fuente laboral más importante de la localidad y que la Picasa sea aprovechada durante 10 ó 15 años”.
Desde esa óptica opinó que “si esto sigue así, en noviembre me terminan vaciando la laguna y qué le doy de comer a esas 350 personas”. Y sumó: “No puede ser que venga gente de todo del país y extraigan 60 o 70 kilos de pescados por camioneta”. “¿Qué necesidad tienen de pescar de lunes a lunes?”, preguntó el mandatario dieguense, para luego señalar que “lo que ocurre es que es muy abundante el dinero que se están llevando y por eso se enojan. Resulta imposible seguir bajo estas condiciones donde el 95 por ciento de los beneficios favorece a San Gregorio y sólo el 5 a Diego de Alvear”. Y fue más allá al sostener que “si esto crea rispideces, lo lamento, pero yo estoy sentado en el sillón de la presidencia comunal para tomar medidas que a veces son antipáticas para unos y buenas para otros. Tengo que tomar decisiones pensando en mi pueblo y, en esta caso, son 300 personas humildes cuyo sostenimiento depende de la pesca y hoy viven bien”.
Si bien reconoció que lo normado pueda impactar negativamente en la economía de San Gregorio, sostuvo que “más me va a repercutir si las familias que viven de la pesca se quedan sin trabajo y no tienen para comer”. “Ya tuvimos una experiencia similar en 2001 y no queremos que se repita”, dijo y manifestó que tal vez, con esta resolución, “los comercios instalados en San Gregorio ganarán tres mil pesos menos por mes, pero van a seguir viviendo, pero si a mí me siguen llevando pescados como hasta ahora me van a quedar muchas personas que no van a poder comer, y esa es la gran diferencia porque una cosa es dejar de ganar y otra dejar de comer”.