Ecuador: un día de violencia en el que encapuchados armados tomaron un canal de televisión

Hombres con fusiles y granadas irrumpieron este martes en directo en un canal de televisión en Ecuador, en la imagen más representativa de un día de terror en el que el presidente Daniel Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y ordenó a los militares “neutralizar” a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques. Los incidentes registrados en Guayaquil, epicentro de la violencia, dejaron un saldo de al menos ocho muertos. El lunes Noboa había decretado el estado de excepción por la fuga carcelaria del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país. A ese escenario se sumaron en las últimas horas ataques con explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles, robos violentos y motines en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios.

“Por favor, no disparen”

A través de la red social X, Noboa hizo pública la firma de un “decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno”, mientras rige un estado de excepción por 60 días ante los secuestros de policías, los ataques a la prensa y los motines carcelarios. El mandatario de 36 años ordenó a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares para neutralizar” a una veintena de grupos del crimen organizado a los que identificó como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

El decreto fue dado a conocer luego de que un grupo de hombres armados encapuchados ingresaran al canal TC Televisión en Guayaquil cuando se transmitía en vivo un noticiero, lo que generó una dramática situación que se extendió durante al menos 30 minutos hasta que intervino la policía. “No disparen, por favor, no disparen”, gritaba una mujer en medio de las detonaciones producidas en el set de televisión.

Antes de que se apagaran las luces del set se observó a los encapuchados empuñar una granada, apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la campera de una persona. La policía dijo más tarde que puso fin a la toma del canal y detuvo a 13 personas.

Al menos ocho personas murieron y dos resultaron heridas este martes en Guayaquil. Según informó la policía, las personas murieron durante varios episodios: uno de ellos ocurrió en un centro comercial, otro en el barrio Pascuales y el resto en distintos sectores. Durante el día los centros de monitoreo atendieron 1.932 llamadas y 650 emergencias. Además los criminales tomaron cinco hospitales.

Las redes sociales mostraron, con una velocidad que hizo imposible verificar toda la información, imágenes de presos amotinados y amenazando a guardias, corridas en universidades, autos incendiados, explosiones en una estación policial y frente a la casa del titular de la Corte Suprema y hasta la voladura de un puente. Algunas de esas imágenes mostraban a alumnos de la Universidad de Guayaquil huyendo despavoridos de las inmediaciones del campus, después de que se reportara la presencia de hombres armados dentro de la institución educativa. 

En los videos también se puede observar como los profesores y alumnos de la universidad buscaban atrincherarse dentro de los propios salones, ante las informaciones que circulaban sobre posibles golpizas y secuestros de sus compañeros por parte de los criminales. Los atacantes intentaron tomar el control de un sector en la universidad aunque fueron repelidos por las fuerzas de seguridad.

El cuadro de violencia generó medidas inéditas: la estatal Petroecuador reforzó la vigilancia de sus refinerías y pozos, las clases de escuelas y universidades pasaron a ser virtuales, la mayoría de los comercios de las grandes ciudades cerraron sus puertas y los aeropuertos aplicaron operativos especiales de resguardo. El ministerio de Trabajo sugirió la modalidad de teletrabajo para precautelar la seguridad. El gobierno de Perú anunció que declarará en emergencia toda la frontera norte del país y enviará a las Fuerzas Armadas para que vigilen la zona junto con la Policía Nacional.

Fuga de narcos y retención de guardias

Desde hace días que Ecuador vive noches de terror a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la poderosa banda criminal conocida como Los Choneros, quien escapó de la cárcel regional de Guayaquil en la que se encontraba. Macías había amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio pocos días antes de su asesinato el 9 de agosto pasado. 

La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en la fuga del criminal de 44 años, quien consiguió el título de abogado en prisión. Los operativos en los penales, o más bien los intentos de revisarlos, dieron paso a motines, retención de guías penitenciarios y revueltas en al menos seis cárceles.

En respuesta a esta fuga el presidente Noboa declaró el lunes un estado de excepción que rige por 60 días en todo el país, incluidas las cárceles. La medida incluye un toque de queda de seis horas desde las 23 horas locales. A la fuga de “Fito” se sumó el martes la fuga de Fabricio Colón Pico, uno de los capos de Los Lobos, detenido el viernes por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general, Diana Salazar. 

En medio del estallido siete policías fueron secuestrados en los cantones de Machala, Quito y El Empalme. También se registraron explosiones contra una estación policial frente a la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia y vehículos incendiados. En las cárceles de cinco ciudades del país hay 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos retenidos, señaló el organismo que administra las prisiones (SNAI). En las redes se multiplicaban los videos de asesinatos de algunos en paralelo a demandas y amenazas de reos encapuchados.

Primera crisis para Noboa

Esta es la primera crisis que enfrenta el gobierno de Noboa luego de asumir el poder en noviembre con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos, vinculados a carteles colombianos y mexicanos. Noboa atribuyó la arremetida en las cárceles como una represalia por sus acciones para recuperar el control de las cárceles y advirtió que no negociará con “terroristas”. 

Como parte de su cruzada contra el delito el gobierno de Ecuador presentó ante la Corte Constitucional un bloque de preguntas para que sean incluidas en un proyecto de consulta popular. Entre otros temas la propuesta busca garantizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. 

La semana pasada el mandatario dijo que construirá dos cárceles de máxima seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena, al estilo de las instauradas por su par salvadoreño Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas. “No es soplar y hacer botellas”, disparó Bukele esta tarde en su cuenta de X, sin nombrar al presidente ecuatoriano pero en aparente alusión a sus planes represivos.

Sectores indígenas de la Amazonia llamaron a protestas pacíficas este martes en rechazo a ese proyecto en Pastaza, su territorio biodiverso y petrolero. Los actos violentos también se dieron en la costera Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, una de las provincias ecuatorianas controladas por las mafias. En la capital también se reportó el estallido de un auto y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal.

Ubicado en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó de ser un territorio pacífico a un fortín de guerra del narco. El 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en este país de 17 millones de habitantes. Desde 2021 los choques entre presos dejan más de 460 muertos. Además los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron casi un 800 por ciento, al pasar de 6 a 46 cada 100 mil habitantes.

El gesto de Correa

En medio de una fuerte crisis de seguridad y en un inusual acuerdo, las distintas bancadas legislativas sugirieron en una reunión de emergencia “la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de los estamentos de las Fuerzas Armadas y Policía”. Los parlamentarios acordaron también respaldar las acciones realizadas por el gobierno en materia de seguridad. En este sentido se exigió que se identifique y sancione a los responsables de las fugas carcelarias.

Desde Bruselas el presidente ecuatoriano Rafael Correa ofreció su apoyo al presidente Noboa y aseguró que “el crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado”. El exmandatario, que reside en Bélgica desde que terminó su mandato de una década en 2017, exclamó que en esta guerra contra el crimen organizado “el Estado debe salir triunfador”.

Correa lidera desde el exterior el movimiento Revolución Ciudadana, el grupo más numeroso en la Asamblea Nacional y que mantiene un acuerdo legislativo clave con el oficialismo. El exmandatario pidió a Noboa que “reemplace con personal civil o policías retirados a los miles de policías que absurdamente están en puestos burocráticos y envíelos a la calle”.