El Estado nacional apeló la resolución del juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que había ordenado al PAMI y al Ministerio de Salud normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad.
La medida cautelar había fijado un plazo de 72 horas para restablecer los pagos. Sin embargo, la Nación presentó la apelación sobre la hora, cuando estaba por cumplirse el vencimiento dispuesto por el magistrado.
A partir de esa presentación, el juez debe resolver ahora las apelaciones y definir si rechaza el planteo del Estado nacional e insiste con el cumplimiento de la cautelar.
En caso de que la resolución quede firme y no sea acatada, Vaca Narvaja ya había advertido que podría analizarse la posible comisión de algún delito por parte de autoridades nacionales.
El conflicto afecta a prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad, que reclaman la regularización de los pagos para garantizar la continuidad de los servicios.
Informe de Francisco Centeno.