El Gobierno Nacional corrigió dos de las restricciones que había impuesto sobre el financiamiento de los sindicatos y flexibilizó el régimen de aportes y contribuciones acordados en los convenios colectivos de trabajo. La medida amplía la base utilizada para calcular determinadas cargas convencionales y permite que los pagos realizados por las empresas a los gremios queden fuera del límite general establecido por la reforma laboral.
Los cambios fueron oficializados mediante el Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y representan una marcha atrás parcial respecto del Decreto 407, firmado a fines de mayo para reglamentar la Ley de Modernización Laboral.
Esa reglamentación había establecido que el conjunto de los aportes, contribuciones, cuotas, retenciones y fondos previstos en los convenios colectivos debía ser considerado globalmente para comprobar que no superara el límite legal. El criterio generó preocupación en la CGT y en los sindicatos porque podía reducir de manera significativa los recursos provenientes de acuerdos paritarios.
El nuevo decreto separó de ese límite las contribuciones que pagan los empleadores en favor de las asociaciones sindicales. A partir de ahora, esos fondos se regirán por la Ley de Asociaciones Sindicales y podrán quedar por fuera del techo aplicado a otras cargas convencionales.
Las empresas podrán continuar acordando contribuciones destinadas a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores representados por el gremio. Esos recursos deberán administrarse y documentarse por separado del resto del patrimonio sindical.
Aunque la norma condiciona formalmente el destino del dinero, el cambio resulta favorable para los sindicatos porque protege una fuente de financiamiento que había quedado amenazada por la reglamentación anterior. En la práctica, permite que las contribuciones patronales sigan abonándose sin consumir el límite previsto para otros aportes creados por los convenios colectivos.
Fuentes de la CGT confirmaron a El Destape que este nuevo decreto es favorable a las organizaciones sindicales, ya que se trata una normativa que “corrige” el decreto 407/26 firmado por Milei un par de meses atrás.