El juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, que había archivado la investigación sobre el espionaje a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez mediante el software de origen israelí Pegasus, decidió reabrir la causa tras recibir documentos enviados por las autoridades judiciales francesas.
El magistrado tomó la decisión tras haber recibido una Orden Europea de Investigación, mecanismo de cooperación entre Estados miembros de la Unión Europea en las investigaciones penales, emitida por las autoridades judiciales de Francia, informó el tribunal de la Audiencia Nacional en un comunicado. El juez español recibió así, según la nota, documentos procedentes de una investigación abierta en Francia en 2021 sobre las infecciones con el software Pegasus de teléfonos a periodistas, abogados, personalidades públicas, ministros y diputados franceses, entre otros.
Tras su recepción, el juez considera que “la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos en España puede permitir avanzar en las investigaciones (…) en orden a determinar la autoría de estas infestaciones”, explicó la Audiencia Nacional.
Tras conocerse la reapertura de la investigación, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se pronunció al respecto. “Fue el Gobierno de España quien llevó a la justicia este asunto, se denunció ante el juzgado de instrucción correspondiente y a la Audiencia Nacional le ha correspondido la instrucción de todo este expediente”, indicó. El ministro también trasladó su “respeto absoluto” a lo que pueda llegar a decidir el juzgado de instrucción. “Ha decidido reabrirlo y respetamos absolutamente la instrucción judicial de este asunto”, añadió.
El origen de la causa
La justicia española abrió su investigación en 2022, luego de que el Ejecutivo español denunciara que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el de la ministra de Defensa, del titular de Interior y de Agricultura habían sido espiados con Pegasus.
Pero poco más de un año después, ante la “absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel” para responder a la comisión rogatoria que pedía interrogar al jefe de la empresa NSO, creadora del programa informático, el juez decretó el archivo provisional de la causa.
El escándalo estalló inicialmente en abril de 2022, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, publicó un informe que identificaba a más de 60 independentistas catalanes cuyos teléfonos móviles habrían sido atacados entre 2017 y 2020 con el software de origen israelí.
La entonces jefa de los servicios de inteligencia españoles (CNI), Paz Esteban, que fue destituida días después a causa del estallido de la polémica, reconoció ante una comisión parlamentaria a puerta cerrada que el CNI había espiado a 18 dirigentes independentistas, pero con mandato judicial.
El caso acabaría tomando otra amplitud después de que el Gobierno anunciara, de su lado, que Pedro Sánchez y algunos de sus ministros más cercanos habían sido espiados en 2021 con Pegasus. Este programa israelí, que fue vendido en numerosos países, permite acceder a mensajes, datos y activar a distancia la cámara y el micrófono de un teléfono inteligente.