Los primeros 100 días del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se cumplieron en medio de una grave crisis de inseguridad que no pudo ser frenada con la declaración de estado de excepción y conflicto armado interno a nivel nacional. Mientras la cifra de secuestros y extorsiones sigue aumentando, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos expresan su preocupación por la violencia que atraviesa al país y lamentan que el discurso de la “bukelización” esté calando con una visión punitivista, sin profundizar en las causas detrás de la criminalidad.
Para Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, las decisiones del presidente Noboa no son innovadoras sino que siguen la misma lógica de gobiernos anteriores: “promover la actuación punitiva del Estado y posicionarla como la única forma de solucionar la criminalidad a través del marketing“. En diálogo con Página/12, Bastias explica: “No existe ahora un plan o una política pública de lucha contra la criminalidad con presupuesto y articulación entre las distintas funciones del Estado. El presidente está vendiendo una serie de insumos mediáticos sobre detenciones, sobre brutalidad, sobre ira, sobre fuerza, pero eso no combate al crimen”.
A lo Bukele
El presidente Daniel Noboa compara su “Plan Fénix” con el “Plan Control Territorial” de su par de El Salvador, Nayib Bukele, quien declaró el estado de emergencia para combatir a las pandillas en marzo de 2022. Nadia Rivadeneira, del colectivo Mujeres de Frente, sostiene que la “bukelización” está creciendo en Ecuador y “se está desencadenando una guerra contra las personas empobrecidas y racializadas”. “Hablamos de más cárceles y de más penas”, indica Rivadeneira, quien cuestiona la visión de aumentar la población penitenciaria sin pensar en la reconstrucción del tejido social.
Las dos nuevas cárceles que Noboa prevé construir en el país bajo un modelo similar al de Bukele tendrán un costo de 125 millones de dólares. Ubicadas en la provincia costera de Santa Elena y en la amazónica de Pastaza, cada una estará diseñada para albergar a 736 reos, a dferencia de los 40 mil reclusos que el gobierno salvadoreño asegura que entran en su famosa penitenciaría para pandilleros Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Lo que está pasando en El Salvador es “un régimen antidemocrático que como toda política punitiva, tiene efectos sensoriales temporales”, advierte Bastias, por lo que sería un grave error transpolar ese modelo a la realidad ecuatoriana.
“Primero, nuestra Constitución prohíbe cualquier tipo de tortura, trato cruel, inhumano y degradante contra personas privadas de libertad. Segundo, la forma de gestionar los centros penitenciarios tiene que estar basada en la dignidad humana. Y lo tercero es que la política del control de los centros penitenciarios no es una política que tenga que ver con un discurso punitivo o que atente contra la dignidad de alguien. Controlar las prisiones es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, explica el abogado.
La organización de derechos humanos WOLA realizó un profundo análisis tratando de explicar por qué Ecuador no debería imitar el modelo Bukele. En diciembre de 2023 la población total de las 36 cárceles de Ecuador era de 30.804 personas, menos del 0,2 por ciento de los habitantes del país, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Si Ecuador buscara emular la tasa de encarcelamiento del 1,6 por ciento de El Salvador, la población carcelaria de Ecuador se multiplicaría por más de nueve, hasta alcanzar 288 mil detenidos. Eso equivaldría a encarcelar a toda la población de una ciudad ecuatoriana mediana como Manta, de acuerdo al análisis de los investigadores Adam Isacson y John Walsh. Los investigadores destacan que El Salvador tiene un territorio muy pequeño a comparación de Ecuador, lo que facilita el control territorial.
Por otra parte el informe de WOLA destaca que las estructuras de las violentas pandillas de El Salvador “forman parte principalmente de dos redes, MS-13 y Barrio 18”, “no tienen jerarquías rígidas y se han organizado en células semiautónomas o chicas”. El 9 de enero el presidente Noboa mencionó a 22 bandas del crimen organizado activas en el país, que disponen de fuentes de riqueza mucho más grandes que las de El Salvador.
La militarización de las cárceles
Fernando Bastias cuestiona la legalidad de que las Fuerzas Armadas tengan el control de las cárceles de Ecuador sin un plazo definido. “Ya van más de siete estados de excepción desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso, y lo que hemos visto es que la situación continúa igual. La droga, las armas y los celulares con las que extorsionan a las personas fuera de la prisión, ingresan por la puerta grande de las instituciones públicas. Las Fuerzas Armadas no tienen ni la competencia ni la formación para gestionar los centros penitenciarios“, destaca el integrante del CDH.
Según distintas ONGs, las denuncias de abusos militares se multiplican desde que Noboa declaró al país en conflicto armado interno y movilizó a sus tropas en calles y cárceles. La agencia AFP analizó 18 videos que circularon en redes sociales entre el 11 de enero y el 4 de febrero en distintas provincias. Al menos en diez verificados se ven abusos como golpizas en las calles durante el toque de queda nocturno. Dentro de las cárceles se registran humillaciones o estallidos de bombas de gas lacrimógeno muy cerca del rostro de presos semidesnudos e inmovilizados.
Durante una audiencia apoyada por el CDH para que 18 detenidos accedan a atención médica, algunos relataron torturas incluso con descargas eléctricas. Un juez dictaminó que hubo vulneraciones a derechos y ordenó resarcirlas. Para la ONG la militarización de las cárceles donde murieron más de 460 reclusos desde 2021 oculta una deuda pendiente: la depuración de la fuerza pública, salpicada por escándalos de corrupción, violaciones de derechos humanos y narcotráfico.
Números que no cierran
La violencia carcelaria saltó a las calles, a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América latina en 2023, con 45 homicidios intencionales cada 100 mil habitantes. Pese a la promocionada política represiva de Noboa, entre enero y el viernes pasado, la cifra de casos de extorsiones y secuestros llegó a 1.543 casos, y en el caso de la ciudad portuaria de Guayaquil, una de las más castigadas por la espiral de violencia, se quintuplicó respecto al mismo periodo del año pasado.
Las estadísticas oficiales dicen que en Guayaquil, entre enero y el 8 de marzo del año pasado, la cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120, pero en el mismo periodo de este año trepó a 618. Bastias agrega que “al principio todo el mundo se sorprendió de cómo había 4.000, 5.000 y hasta ahora 11.000 personas detenidas como resultado del estado de excepción, pero cualquier abogado que va a los centros de flagrancia, que es donde pasa toda persona detenida para ver si su detención fue legal, se da cuenta de que eso no es posible”.
“Hace poco un periódico sacó una breve investigación que hizo sobre la base de datos de la Fiscalía y descubrió que sólo hay 144 personas procesadas penalmente”, sostiene el abogado ecuatoriano, quien agrega: “Si las fuerzas armadas humillan o torturan a una persona a la cual detienen y a la larga, no la procesan penalmente, entonces no me sirve que la hayas detenido. Y eso es lo que está vendiendo el presidente Noboa”.