En un nuevo avance de su programa de achicamiento del Estado y mercantilización de lo público, el gobierno de Javier Milei habilitó una reforma integral al régimen de disposición de activos nacionales. Mediante la Resolución 111/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada en el Boletín Oficial, la administración libertaria modificó el Reglamento de Administración y Disposición de Bienes Muebles y Semovientes. Los cambios tienen que ver con un incremento significativo en los márgenes para la venta directa y tercerización de las subastas en manos de empresas privadas.
La medida central de esta nueva reforma del Gobierno es la modificación de los artículos 69 y 84 del mencionado reglamento, donde se unifica e incrementa a 400 módulos el valor de los bienes que pueden ser enajenados de forma simplificada. Como el valor vigente del módulo es de $40.000 (Decreto 666/2024), el nuevo tope asciende a $16 millones. Bajo esta nueva normativa, el Estado queda facultado para realizar “ventas directas” —es decir, sin el rigor de un remate público abierto— bajo dos condiciones principales:
- Si la tasación del bien no supera el límite de los 400 módulos ($16 millones).
- Si, tras dos convocatorias de subasta pública, el proceso resulta desierto o fracasado.
La justificación oficial, plasmada en los considerandos de la resolución, sostiene que este incremento de los topes busca atraer “bienes de mayor significatividad económica”, lo cual, según la visión oficialista, “fomentará la competencia de oferentes y, en consecuencia, redundará en condiciones contractuales más ventajosas para el Estado Nacional“. Sin embargo, esta lógica ignora que al eludir los mecanismos tradicionales de subasta pública en favor de procesos directos o gestionados por intermediarios, se reduce la visibilidad y el control ciudadano sobre el precio y el destino de los recursos que pertenecen a todos los argentinos.
Menos controles, más ventas
Otro punto crítico de la reforma es la delegación de estas operaciones en plataformas electrónicas privadas. Según el nuevo texto, la AABE llevará adelante una licitación pública para contratar a estas plataformas, que actuarán como martilleros digitales del Estado. Pero lo más alarmante en términos de fiscalización es lo dispuesto en el artículo 74, que establece que la AABE emitirá órdenes de venta mediante comunicaciones oficiales y “no será necesario el dictado de actos administrativos en cada procedimiento de venta“.
Este mecanismo agiliza la “limpieza” de inventarios estatales, pero debilita la cadena de responsabilidades legales ante posibles irregularidades en las transacciones. El alcance de lo que el Gobierno se apresta a liquidar es vasto:
- Maquinaria y equipos.
- Vehículos oficiales.
- Equipamiento militar y de seguridad.
- Obras de arte.
- Libros y piezas de colección.
- Semovientes (animales). Podrán venderse y, como última instancia, ser sacrificados si no son aptos para el servicio o la adopción.
De esta manera, la resolución emitida por la gestión libertaria se aleja del ajuste burocrático para convertirse en una herramienta operativa que entiende al patrimonio común como un stock de mercancías en liquidación rápida. Al privatizar la gestión de las ventas y reducir la cantidad de actos administrativos exigidos, el gobierno de Milei relega la transparencia pública para abrazar mecanismos que benefician la opacidad del mercado.