El Senado le dio media sanción al “Fondo para el FMI (Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI)”, un nuevo instrumento legal que buscará capturar dólares de compatriotas generados en la Argentina, nunca declarados y fugados al exterior. Distintos cálculos estiman entre 300 y 400 mil dólares que permanecen con esa condición en guaridas fiscales, en un puñado de países. Principalmente en “paraísos” en los Estados Unidos. Todo lo recaudado, que en el oficialismo aspiran a recaudar entre 10 y 30 mil millones de dólares, tendrá un fin específico, constituir un fondo de uso exclusivo para pagar el compromiso revalidado con el FMI. Una carga fiscal que compromete fuertemente las cuentas nacionales a partir de 2025.
El proyecto llegó al recinto luego de varios plenarios de comisión, con expositores y especialistas. Y duros cruces entre oficialistas y opositores, que se reiteraron ayer durante unas cuatro horas de debate en el recinto. Sin la presencia de Cristina Kirchner, titular del Senado, por estos días a cargo del Ejecutivo nacional por el viaje presidencial al exterior, el oficialismo consiguió 37 votos afirmativos (31 negativos), mayoría absoluta del cuerpo, integrando los miembros de su interbloque y el acompañamiento de dos aliados. La oposición se mantuvo firme y rechazó de plano. Ahora será el turno de Diputados, donde las fuerzas parejas prometen un choque de incierto final.
Como orador de cierre, el titular del oficialismo, José Mayans apuntó directo al rechazo opositor, “nos dan lecciones para gobernar, ¿pero por qué no le dieron estas lecciones a Macri?”, arrancó su discurso. El formoseño
El senador titular del interbloque del FdT recordó que la deuda se originó durante la dictadura militar, con un monto similar a la tomó Macri, 44 mil millones de dólares. “Aquella deuda de la dictadura, que era pública, luego fue privada. Y no nos recuperamos más. Alfonsín, que le tocó un tiempo muy difícil, y que hizo cosas muy buenas para el país en materia de Derechos Humanos, luego terminó con una hiperinflación y tuvo que entregar el gobierno seis meses antes”.
Finalmente, el oficialista le imputó a JxC, “Macri aplicó las mismas políticas de la dictadura, el capitalismo salvaje, y fracasó. Por eso Perón nos decía que no se puede confiar en el capitalismo salvaje, ‘porque te roba’; ustedes nos dejaron una deuda como la dictadura, ¿y cómo creen que se soluciona eso?”
Por su parte, el senador Oscar Parrilli, uno de los autores principales del proyecto, expresó, “espero que la Afip investigue, hay funcionarios de Cambiemos que son responsables de la fuga. Queremos que se termine la libertad para evadir y fugar, para eso hacemos esta ley”. Luego recordó que la Argentina generó con Estados Unidos convenios para revelar fuga de capitales; “pero ellos no cumplen con el compromiso de darnos la información de argentinos con dinero en bancos del exterior. Nos tienen que ayudar a encontrarlos. De esa manera vamos a sacarnos de encima al FMI”, agregó.
Para el oficialismo, esta ley “no es una ley de feliz cumpleaños, vamos a tener todo en contra. Tenemos el compromiso de sacar a la Argentina adelante. También vale para para los que tengan que gobernar a partir de 2023, porque tendrán que pagar 20 millones de dólares por año. Si no logramos una ley de esta característica, el país va explotar”
Una de las espadas principales de la oposición, Luis Naidenoff, apuntó a la falta de autoridad del gobierno nacional: “Está ausente la revalidación de la legitimidad de gestión; no tienen plan ni programa de gobierno. Acá, en plena pandemia, discutíamos una reforma de la Justicia, el Consejo de la Magistratura, y la creación de comisiones investigadoras”, apuntó el también formoseño de la UCR.
Y agregó, “el presidente contó con más del 80 por ciento del acompañamiento social, ¿y qué nos mostraba?, el carnaval de Olivos. ¿Cómo terminó el carnaval de Olivos?, con la derrota electoral de 2021. Néstor Kirchner, ¿cómo consolidó su poder con el 22 por ciento en 2003?, gestionando”, recordó el representante del interbloque de JxC.
Para finalizr, “hoy no tienen un plan, están desorientados y fracturados, entonces son pura retórica. La mayoría social que confió en ustedes, mira como ustedes discuten pura retórica, enfrascados en una interna, puro relato. Tienen cuatro millones de jubilados con 32 mil pesos, y ¿qué le ofrecen?, ¿un proyecto que terminará durmiendo en Diputados?”
Entre los discursos, se destacó, entre otras, la bonaerense Juliana Di Tullio, ahora titular del bloque Unidad Ciudadana, parte del interbloque oficialista.
“Nunca imaginé que iba a tratar una ley de estas características. Fui diputada cuando Néstor Kirchner pagó al FMI, y le dijo ‘chau’. Fui testigo de ese hito. En ese momento la oposición estuvo muy entusiasmada. No me imaginé que después de tantos años iban a estar en contra de una medida que reestablece la libertad de un país, la libertad soberana y económica”. Siempre mirando hacia el bloque opositor, Di Tullio, recordó, “recibieron un país desendeudado y nosotros, en contrario, recibimos un país sobre endeudado. De los 45 millones de dólares (préstamo del FMI) no nos quedó ni un cordón cuneta. Y les pido que algo, dejen de decir que la Casa Rosada no apoyó este proyecto, no es cierto esto”.
Di Tullio continuó, “nos dicen que la Afip ya tiene las herramientas, puede ser cierto, pero la gente entiende que la “fuga” es evasión, y que paguen “los que se los fugaron”. Así lo dice la gente, y es una demanda popular. Nadie quiere pagar la deuda que tomó Macri. A la Afip le estamos dando una nueva herramienta, una herramienta clave. Tratamos de tener una herramienta ‘creativa’, es cierto, es ‘creativa’, le damos mayores facultades a la Afip. No es voluntario, es compulsivo. No estamos inventando nada, ya lo hace Estados Unidos, Francia, España, y otros. No es un problema de ‘confianza’. Es avaricia, son ladrones, se llevan la riqueza y hay que ir a buscarla”.
La bonaerense concluyó, “nuestro gobierno la considera ilegal y criminal la deuda, y por eso hizo una demanda penal. ¿Ustedes qué proponen, que la pague el pueblo?, ustedes están en situación incómoda si le proponen al pueblo eso”
Resumen de la media sanción del “Fondo para el FMI”
– La vigencia de este Fondo será hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin.
-Será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
-Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que posean tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar.
-Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP.
-Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.
-Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestas en los artículos 11°, 12° y 13° del blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613).
-En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
-Los beneficios previstos no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes del lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de persona u otros que puedan corresponder.
-La iniciativa contiene un capítulo referido a las facultades de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, entre ellas la colaboración internacional a la que pueden recurrir para la detección de bienes sin declarar.
-El proyecto incluye un artículo que dice; “El Ministerio de Economía, antes de tomar nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago” a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
-El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “deberá una vez por año, comenzando dentro del año de entrada en vigencia de la ley, emitir un informe al Congreso de la Nación” que contenga, entre otros puntos, “todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la investigación requerida en la presente ley, detallando montos y actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario”.
-Se incorpora la figura del colaborador: cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos.
-El objetivo del colaborador será el de cooperar con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y/o maniobras de evasión fiscal.
-El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá crear un programa que defina los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, anonimato de los colaboradores y los correspondientes mecanismos de pago de la recompensa.
-El monto a partir del cual se considera como acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
-El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante toda instancia, ya sea administrativa o judicial.
-La recompensa será del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
-Se impondrá prisión de 1 a 6 años al colaborador que aportare información falsa; y de 6 meses a 2 años al colaborador que, de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de colaboración.