El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) formalizará una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC. El próximo martes 4 de agosto, la administración de La Libertad Avanza deberá enfrentar una instancia de rendición de cuentas ante la comunidad internacional. La presentación se centrará en los “efectos nocivos” de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Según los denunciantes, estas medidas “afectan directamente el derecho al trabajo, las condiciones dignas de labor, el ejercicio de la huelga y la libertad sindical en el país”.
La audiencia, que se desarrollará en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del organismo, representa un hecho de “importancia trascendental para el movimiento obrero”, según definió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Para el dirigente, esta instancia permite situar el accionar del Estado argentino bajo una vigilancia global, especialmente en un contexto donde, a su criterio, los mecanismos internos no están logrando contener el avance sobre las garantías fundamentales. “Es el primer paso del sistema interamericano para proteger derechos cuando la Justicia local no funciona”, sentenció Aguiar al respecto.
Denuncian un modelo que combina el “shock económico” con la “represión” estatal
La presentación ante la CIDH no solo se limita a la letra de la ley, sino que describe un escenario de vulneración sistémica. El FreSU, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), sostienen que la reforma laboral “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo”, lo que termina beneficiando sistemáticamente a la parte más fuerte de la relación laboral en detrimento de los trabajadores. En el escrito que fundamenta la audiencia, se advierte que “la ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas”.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la estrategia implementada por el Gobierno para imponer estos cambios. El FreSU señala con preocupación que “el proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión”. En este sentido, se acusa a las fuerzas de seguridad de ser utilizadas con el fin de “evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”, con un enfoque de “ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores” durante las movilizaciones.
La audiencia, que tendrá una duración total de 1 hora y 20 minutos, contará con 20 minutos para que los sindicatos expongan su acusación y un tiempo igual para que los representantes del Estado argentino ensayen su defensa. El evento será transmitido por el canal de YouTube de la CIDH y contará con la participación de figuras como Aguiar (ATE), Pablo Biró (APLA), Clara Chevalier (Conadu) y Francisco Rabini (Sipreba), además de especialistas de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT).
Para los sectores gremiales, este encuentro en Washington es una herramienta de “importante presión política” que podría forzar al gobierno de Milei a “reparar y cambiar políticas públicas”. Entre las organizaciones que integran el frente se encuentran la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, reflejando un amplio consenso de las centrales obreras contra el rumbo laboral de la actual gestión.
La expectativa está puesta en que la CIDH tome nota de cómo la nueva normativa “restringe arbitrariamente la huelga” y deja en situación de mayor desprotección a las mujeres y a los trabajadores del sector informal.